DESARROLLO URBANO.
¿Consultar, para qué?
Raisa Banfield
Definitivamente, la presión económica, que produce rápidas ganancias a corto plazo, está ganando terreno vertiginosamente sobre el desarrollo humano y sostenible en nuestro país.
Prueba de ello: la venta de nuestras islas y frentes marinos, con el agravante de que, bajo el título de “proyecto turístico”, se avalan destrucciones de nuestros recursos naturales, tal como sucede en Amador, en Islas del Archipiélago de Las Perlas, Bocas del Toro… la lista es larga.
Nuestro modelo de desarrollo fundamentado en la destrucción del patrimonio trasciende de lo natural a lo cultural. “El nuevo perfil de la ciudad”, que emerge basado en la destrucción de Bella Vista por ejemplo, ocurre ante nuestros ojos con la declaración de impotencia de nuestras autoridades: Municipio, Mivi y hasta el mismo Inac –nadie puede hacer nada-, a pesar de que existe un proyecto de Ley en la Asamblea con el respaldo ciudadano, para rescatar este patrimonio que sucumbe ante las demoledoras de “la inversión económica”.
¡Ah!, pero sí es posible aprobar leyes de madrugada el último día del año, sancionarlas días antes de que arranquen los carnavales y entre murgas y culecos, abrir las puertas al desarrollo inmobiliario en la Cuenca del Canal, bajo la pobre excusa de frenar asentamientos humanos ilegales. Cumple así el Presidente con una promesa de campaña: ¡Sí se puede!
Pero todo este jolgorio desarrollista se enmarca en un país sin una planificación integral: infraestructuras, servicios públicos, suministro eléctrico, cada día más costoso, con un crecimiento en la demanda del 6% anual. Hablar de crecimiento sin sostenibilidad no es desarrollo; simplemente estamos viviendo un buen momento y cuando pase, ¡qué pena! mala suerte para el gobierno que le toque.
Ponderar el crecimiento económico apoyado en el alto porcentaje de crecimiento del renglón construcción, sin relacionarlo con la sostenibilidad del rubro, es un espejismo que se desvanecerá apenas descubramos que agotados los recursos, acabamos con lo que nos hace “Panamá atractiva” ante los ojos del mundo.
Hace algunos días en KW Continente, el Presidente de la República, ante una pregunta que le hiciera el periodista Hugo Famanía, dijo: “Imagínate que ante cada proyecto importante para el país tuviéramos que consultar, no haríamos nada”. Con esta afirmación el señor Presidente desconoce y viola el derecho que por Ley tenemos todos los ciudadanos de participar en la gestión pública de obras que nos afectan, tal como lo indica el artículo 24, del Capítulo VIII de la Ley 2 de 2002 : “Las Instituciones del Estado en el ámbito nacional y local tendrán la obligación de permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de administración pública que puedan afectar los intereses y derechos de grupos ciudadanos, mediante las modalidades de participación ciudadana que al efecto establece la presente Ley”
Temas como el transporte público, obras de infraestructura como la cinta costera o extensión del corredor sur, no pueden ser impuestos como hasta ahora ha sido la norma sin previa consulta y participación ciudadana. Sí, es deber de nuestros gobernantes consultar, señor Presidente, y mientras más pública y transparente sea su gestión, más será garantía de que las obras que se hagan redunden en un verdadero beneficio de la colectividad y no de un pequeño grupo de intereses, tal como lo vemos hoy.
la autora es arquitecta y ambientalista
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