Nueve golpes a la dignidad legislativa
Raúl Moreira Rivera
opinion@prensa.com
Frecuentemente una buena parte de la población panameña se refiere en duros términos a la Asamblea Nacional , ya que su trayectoria se ha visto afectada por episodios de aprobación de leyes cuestionadas por grandes sectores de la sociedad.
A pesar de esta fama han existido espacios en los cuales se atisbaba un cambio en la forma de atender sus responsabilidades legislativas como durante la discusión de la ley sobre las tarjetas de crédito, en la cual la consulta y discusión fue la tónica. Lastimosamente pronto terminó la esperanza de que esto no fuera solo un espejismo.
El lamentable papel desarrollado durante la aprobación del Proyecto de Ley No. 77, por medio del cual se afectaban nueve leyes en una, ha herido de muerte la imagen de independencia y dignidad de la cual este órgano de Estado debiera hacer gala por su obligación de ser el garante de la institucionalidad constitucional en nuestro país a través de una efectiva separación de poderes.
No es posible que cada vez que la sociedad cuestiona la imposición de algún tipo de medida, se responda que en el gobierno anterior se hicieron cosas peores.
Acaso esa es la excusa que se pretende presentar a los que los eligieron confiados de que el tan ansiado cambio iba a significar un mejoramiento de los métodos de legislar, para que las leyes aprobadas representaran efectivamente un mejoramiento de las condiciones de vida de todos los panameños y no una repetición, o peor aun, un agravamiento de las prácticas más nocivas al momento de tomar decisiones que afectarán nuestras condiciones de vida.
Cómo es posible que con una excusa tan baladí, de que se pretendía aprovechar el poco tiempo que se contaba durante las sesiones extraordinarias, se juegue con la inteligencia de los que esperamos que la reforma de legislaciones tan fundamentales como la laboral, la ambiental, de la policía y otras seis más se hiciera a través de una real consulta y discusión con los sectores involucrados para que no quedara ninguna duda que estaba de por medio una real intención de actuar en beneficio de la sociedad. Si las propuestas presentadas son tan buenas, ¿por qué no las discuten una a una como debiera ser?
No se puede creer que se señale que como recientemente se han obtenido grados de inversión por parte de agencias calificadoras de riesgo ahora era necesario tomar estas medidas para garantizar la llegada de nuevas inversiones a nuestro país, aun cuando el nivel de crecimiento obtenido en los años anteriores cuando el esquema legislativo que se pretende cambiar estaba vigente, fueron los que permitieron esta calificación. No se debe perder de vista que esta prosperidad económica de la cual gozábamos incluso antes de obtener el grado de inversión se logró gracias a los niveles de estabilidad política y democrática con la que contábamos, ¿por qué arriesgar todo esto ahora? Al parecer no se percatan de que el nivel de conmoción social que pueden generar prácticas como las realizadas, podrían dar al traste con esas posibles inversiones y por lo tanto hacer perder el grado de inversión alcanzado.
Solo la unión de todos los sectores de la sociedad puede hacer ver al Gobierno nacional que se hace necesaria una revisión de lo actuado, de lo contrario nos estaremos acercando a las puertas de una situación que pudieran dar al traste con todos los avances logrados en términos económicos y sociales en nuestra novel y frágil democracia.
18.06.2010
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